El ministro de Trabajo, Guillermo Sosa, en 2015 estaba a punto de partir a Ginebra, Suiza, para asistir a la Conferencia Internacional de Trabajo, cuando al ser consultado sobre el trabajo infantil afirmó que Paraguay estaba «libre» del mismo, como así también lo estaba del trabajo forzado, señalando los esfuerzos del Gobierno en fiscalizar denuncias de explotación a niños en el aeropuerto Silvio Pettirossi.

Sin embargo, la realidad cotidiana de vendedores y lustrabotas de corta edad en los pasillos del Palacio de Justicia o del Congreso Nacional —lugares de una República que más ejemplo deberían dar—, así como datos oficializados por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) y la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, lo contradicen.

En Paraguay, uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 17 años es económicamente activo, según esas mismas instituciones públicas.

Todos estos casos violan el Código de la Niñez y la Adolescencia. Pero es tan común encontrar a niños y niñas lustrando botas o vendiendo todo tipo de productos —incluso mendigando— en la calle que hasta el presidente Cartes compartió en su cuenta oficial de Instagram una foto con un niño que, según entrevistas, habitualmente lustraba los zapatos del mandatario.

El 41 % de los niños, niñas y adolescentes trabajadores de Paraguay se dedica al trabajo doméstico. En este porcentaje están incluidos 47 mil que se encuentran en situación de criadazgo, según datos de 2011 de la DGEEC y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El criadazgo, calificado por la Unicef como «una de las peores formas de trabajo infantil», es una práctica que sigue siendo común en el país. Consiste en que una familia —generalmente pobre y/o del interior— cede a un hijo o hija a terceras personas, en la mayoría de los casos, a otra familia que se encuentra en mejor situación económica, para que le proporcionen educación y manutención a cambio de que el niño o la niña realice tareas domésticas no remuneradas.

Este fenómeno ha sido reconocido por el ministro Sosa en julio de 2016, quien dijo en aquel entonces que Paraguay «tiene que trabajar para definir la figura de criadazgo», a raíz del debate abierto por el caso de Carolina Marín, una adolescente de 14 años asesinada a golpes. El dueño de la casa donde estaba en Caaguazú, está procesado por el caso.

El criadazgo es considerado una condición análoga a la esclavitud, según el convenio 182 de la OIT, que fue ratificado por el Estado paraguayo. La Ley 5407/15 del Trabajo Doméstico, promulgada por el Poder Ejecutivo en 2015, prohíbe expresamente el trabajo doméstico a menores de 18 años. Pese a todo esto, el ministro Sosa nuevamente sostuvo que el país había salido de la «lista negra» del trabajo infantil.