Pese a que Paraguay tiene tres sentencias internacionales incumplidas por la violación sistemática de derechos de los pueblos indígenas, y casi un centenar de recomendaciones de las Naciones Unidas en su contra, el ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, ha repetido en varias ocasiones que el país «no está en déficit con los derechos humanos».

Así lo dijo, por ejemplo, durante la asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en Asunción en junio de 2014, y lo repitió durante la visita a Paraguay del por entonces secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en febrero de 2015, cuando fue interpelado por un periodista al respecto.

Los tres poderes del Estado paraguayo, no solo el actual gobierno de Horacio Cartes, tienen cuentas pendientes con la justicia internacional por el incumplimiento de la defensa y el fomento de los derechos humanos de sus ciudadanos.

Paraguay ha sido condenado en ocho ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tiene su sede en Washington.

Actualmente, tres sentencias del máximo tribunal interamericano permanecen sin cumplir: todas por haber permitido el expolio de tierras ancestrales de comunidades indígenas del Chaco, beneficiando a empresarios relacionados con autoridades y referentes del gobernante Partido Colorado y del Partido Liberal.

 

Caso 1: Yakye Axa

Un caso corresponde a la comunidad Yakye Axa del pueblo enxet, conformada por más de 300 personas, quienes fueron expulsadas de sus tierras por ganaderos y vivieron al borde de una ruta durante casi 20 años.

La sentencia del 17 de junio de 2005 de la Corte IDH reconoce el derecho de la comunidad a vivir en un territorio que,  en parte, sigue ocupado por el grupo empresarial de la familia Domínguez Dibb, décimo en la lista de grupos y consorcios empresariales terratenientes del país, y que es dueño de un total de 58.000 hectáreas, según el informe Latifundistas del siglo XXI, elaborado en 2016 por la organización Base Is.

 

Caso 2: Sawhoyamaxa

Otra sentencia es la referente a la comunidad Sawhoyamaxa, del pueblo enxet sur. En un caso similar, fueron expulsados de sus tierras y también vivieron durante más de 20 años al costado de una ruta esperando justicia. En ese lugar sufrieron hostigamientos violentos de estancieros y la permanente ausencia del Estado.

La condena de la Corte, emitida el 29 de marzo de 2006, logró que el poder Legislativo de Paraguay ordenara la expropiación de 14.404 hectáreas a favor de los sawhoyamaxa, pero el traspaso efectivo aún está pendiente.

Las tierras de los nativos estaban ocupadas por estancias ganaderas de Heribert Roedel, empresario de origen alemán, presidente del Grupo Liebig, otro de los principales latifundistas de Paraguay, quien posee unas 70.000 hectáreas de tierra, según explica Base Is en el informe citado.

El depósito que el Estado debía entregar a ambas comunidades para cumplir con la sentencia de la Corte IDH para fomentar su desarrollo ascendía a  3.127 millones de guaraníes (unos 558.000 dólares), pero fue robado en 2013 del Banco Nacional de Fomento (BNF). Al día de hoy, ninguno de los presuntos responsables ha sido condenado. El juicio oral al ex presidente del Intetituto del Indígena (INDI) y a otros tres acusados por el desvío del dinero, fue suspendido en seis ocasiones.

 

Caso 3: Xákmok Kásek

El tercer caso es el de la comunidad Xákmok Kásek, que tampoco se ha resuelto.

Esta comunidad multiétnica formada por los pueblos sanapaná y enxet tiene derecho a recuperar 10.700 hectáreas que están en manos de un gran terrateniente, el estadounidense Robert Eaton Kent, dueño de la “Estancia Salazar” desde la década de los ochenta.

A finales de 2002, parte del territorio reivindicado (3.293 hectáreas) fue adquirido por la cooperativa menonita Chortitzer Komitee, según la Corte IDH.

La comunidad ha sobrevivido durante 30 años en un reducto de tierra prestada, de suelo improductivo, donde apenas podían cultivar o tener ganado de acceso a servicios públicos básicos como agua, luz, educación o salud.

Aún faltan unas 3.000 hectáreas por entregar efectivamente a la comunidad, pero el no cumplimiento de la sentencia de la Corte, emitida el 24 de agosto de 2010, acarrea al Estado paraguayo la obligación de pagar 10.000 dólares mensuales de multa, como resalta la Corte en su escrito de revisión de las tres sentencias publicado el 1 de septiembre de 2016.

 

 

Cien recomendaciones del Examen Periódico Universal

Por otro lado, el Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas de 2016 dejó en evidencia las carencias del Estado paraguayo en la defensa de los derechos humanos, poniendo de manifiesto casi un centenar de recomendaciones.

Decenas de países evaluaron el comportamiento de Paraguay y recomendaron, por sobre todo, velar por los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. Del mismo modo, abogaron por el acceso a la educación y la sanidad universal, así como por la aprobación de una ley contra la discriminación, y reclamaron luchar contra cualquier forma de tortura y designar un nuevo defensor del pueblo, entre otras recomendaciones.

Los países de la ONU le pidieron al Ministerio Público paraguayo el establecimiento de una comisión especial para llevar a la justicia a los responsables de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Reclamaron el cese de “la impunidad de todas las agresiones contra los defensores de los derechos humanos”, y exigieron la investigación, entre otros, de los asesinatos de 17 periodistas cometidos en Paraguay desde 1991.

En 2016 el Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPP) denunció que ningún autor moral había sido condenado por estos crímenes.

Otro pedido hecho al Gobierno paraguayo es que acelere el establecimiento de una Secretaría Nacional de Pueblos Indígenas, que redoble los esfuerzos para formular el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y que trabaje en la mejora de las condiciones de las prisiones del país.

Además, la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), que aglutina a organizaciones de la sociedad civil de muy diferentes ámbitos, detalla en este informe los distintos procesos de violación de derechos básicos por parte del Estado en la actualidad, aunque no todos tengan una sentencia internacional que los condene.